Contraloría alerta por más de 14.400 contratos y $4,55 billones tras la segunda vuelta presidencial

La Contraloría General de la República activó su función de advertencia tras identificar presiones de caja y riesgos fiscales en la contratación estatal suscrita entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, periodo inmediatamente posterior al levantamiento de la Ley de Garantías tras la segunda vuelta presidencial. El informe fue presentado el 27 de julio de 2026.

Las cifras

En ese lapso se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, de los cuales más de 11.000 correspondieron a contratación directa. La cifra representa un incremento del 22,5% frente al mismo periodo de hace cuatro años. Según la Contraloría, «el informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios».

Factores de riesgo identificados

El organismo de control señaló siete factores de riesgo, entre ellos una planeación financiera insuficiente y el crecimiento acelerado de la contratación directa —que por su naturaleza tiene menos competencia y controles previos que la licitación pública—, con riesgos específicos señalados en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior. Casos como el señalamiento reciente contra la asesora presidencial Juliana Guerrero por presuntos cobros de hasta el 10% en la gestión de contratos estatales ilustran el tipo de riesgos que esta función de advertencia busca anticipar.

Qué es una función de advertencia

La función de advertencia es uno de los mecanismos con los que cuenta la Contraloría para alertar de manera preventiva sobre riesgos en el manejo de recursos públicos, antes de que se consume un eventual detrimento patrimonial —a diferencia del control fiscal posterior, que actúa una vez ya ocurrieron los hechos.

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Fuente original: Noticias RCN

Imagen: Casa de Nariño y Vigilantes, de Alejandro Rojas SajoR, bajo licencia CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

Qué restringe la Ley de Garantías

Según la Ley 996 de 2005, en su artículo 33, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la segunda vuelta, con excepciones como defensa y seguridad, crédito público y emergencias, de acuerdo con las guías de Colombia Compra Eficiente y de la Universidad Distrital. Al levantarse la restricción, la contratación se disparó, según la Contraloría.

Lo que dijo y lo que no dijo la Contraloría

Valora Analitik (27 de julio de 2026) informó de que la advertencia, dirigida al Gobierno y al Ministerio de Hacienda, no cuestiona la legalidad de los procesos, sino que exige respaldo en planeación presupuestal y capacidad financiera. Entre los factores de riesgo citó la insuficiente planeación de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa, la concentración contractual y posibles debilidades de supervisión. Noticias RCN añadió que el informe advierte presiones de caja y rezagos en reservas presupuestales.

Inspecciones y reacciones

El Heraldo (31 de julio de 2026) recogió que la Contraloría inició el 28 de julio una inspección en el Ministerio de Hacienda, que respondió que la información estaba en el SIIF y que colaboraría, y que después desplegó policía judicial en la Fiduprevisora y en la UNGRD para verificar la trazabilidad de los recursos. Fiduprevisora anunció la terminación anticipada de un proceso de compra de equipos de cómputo por riesgos en su estructuración. Según Publimetro (30 de julio de 2026), el presidente Gustavo Petro respondió en X que no se han presentado pruebas de irregularidades y que, si las hay, él mismo pondría las denuncias.

Fuentes consultadas: Valora Analitik, 27 de julio de 2026; Noticias RCN, 27 de julio de 2026; El Heraldo, 31 de julio de 2026; Publimetro, 30 de julio de 2026; Colombia Compra Eficiente (ABC de la Ley de Garantías); Universidad Distrital (concepto sobre Ley 996 de 2005).

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