Cundinamarca enfrenta una crisis económica y social a raíz de 143 proyectos de infraestructura inconclusos que, según un informe de la Contraloría General de la República, podrían representar pérdidas superiores a los $326.000 millones. Estos proyectos, muchos paralizados por más de una década, afectan sectores clave como el abastecimiento de agua, vivienda y salud, poniendo en peligro el bienestar de las comunidades que aún esperan acceder a los beneficios de estas obras.
Panorama general de las obras inconclusas en Cundinamarca
De los proyectos listados en el informe, destacan algunos de gran importancia. Uno de los ejemplos más críticos es el acueducto de la comuna 4 de Soacha. Aunque la obra está terminada y requirió una inversión de más de $45.000 millones, aún no está en funcionamiento porque no ha sido conectada a la red de distribución de agua potable. Otro proyecto relevante es la sede de los despachos judiciales en Zipaquirá, que a pesar de haber concluido su construcción, no ha entrado en operación debido a siete suspensiones durante su ejecución. La inversión en esta obra superó los $17.800 millones, pero la falta de uso sigue retrasando su puesta en servicio.
Principales sectores afectados
Acueductos y alcantarillado
El informe de la Contraloría señala que 24 proyectos en el sector de agua potable y alcantarillado están detenidos. La falta de redes de conexión es el principal obstáculo, dejando a miles de personas sin acceso a servicios básicos de agua potable. La paralización de estas obras afecta gravemente a las comunidades y expone problemas de planeación y gestión en la ejecución de los proyectos.
Vivienda
En el sector de la vivienda, 32 proyectos muestran un panorama de atraso, con una inversión de más de $62.800 millones en obras que se encuentran estancadas. Los problemas incluyen la falta de acceso a servicios públicos esenciales, como agua y electricidad, y el incumplimiento de los plazos por parte de los contratistas. El Banco Agrario de Colombia, uno de los principales contratantes, se encuentra bajo escrutinio debido a la gestión inadecuada de estos recursos, evidenciando la necesidad de una revisión profunda en los procesos de contratación y supervisión.
Salud
La Contraloría también reporta retrasos en 13 proyectos de infraestructura en el sector salud, que han supuesto una inversión de $147.077 millones. Estos proyectos, destinados a construir y mejorar hospitales y centros de salud en las zonas más necesitadas, están paralizados, lo que impide el acceso adecuado a la atención médica. Esta situación afecta a miles de habitantes de Cundinamarca, quienes se ven privados de instalaciones de salud indispensables para su bienestar.
Poca acción fiscal y la necesidad de una mayor vigilancia ciudadana
El informe de la Contraloría, que detalla 143 obras inconclusas, revela que solo se han iniciado 13 actuaciones de responsabilidad fiscal por daños patrimoniales. Esto ha generado una profunda preocupación entre la ciudadanía y los líderes locales, quienes exigen mayor acción para evitar que los fondos destinados a infraestructura se pierdan sin resultados tangibles.
La congresista Alexandra Vásquez ha manifestado su inquietud ante la falta de sanciones y la escasa acción contra los responsables de los proyectos inconclusos. Vásquez anunció que comenzará un proceso de veeduría ciudadana, con el fin de solicitar investigaciones a la Contraloría General de la República para responsabilizar a los contratistas y funcionarios implicados en la crisis de infraestructura de Cundinamarca. “Es necesario actuar con rapidez para evitar que estos recursos se pierdan definitivamente”, declaró la congresista, enfatizando la urgencia de reforzar los mecanismos de control para evitar que esta situación se repita en el futuro.