El avance jurisprudencial sobre los Fondos de Disponibilidad no solo tiene implicaciones fiscales directas para los trabajadores y empresas, sino que también señala un camino para que la Contraloría General refuerce su rol como garante de la correcta utilización de recursos, en particular cuando se trata de entidades públicas. Este marco promueve la rendición de cuentas, previene prácticas indebidas y fortalece el tejido fiscal del país.
- El avance jurisprudencial en los Fondos de Disponibilidad
La Sentencia 25000-2337-000-2016-01397-01 (25873) del Consejo de Estado, emitida el 14 de noviembre de 2024, ha establecido un precedente importante sobre los Fondos de Disponibilidad utilizados por empresas. Esta decisión recalca que todo pago que incremente el patrimonio del trabajador, incluso si no constituye salario, es un ingreso gravado con el impuesto sobre la renta. Esto abarca pagos directos e indirectos, como los realizados para cubrir gastos personales de directivos, transferencias a fondos premium y otros conceptos sin relación directa con la actividad productiva de la empresa. - Fondos de Disponibilidad y la supervisión de la Contraloría General
La Contraloría General de la República desempeña un papel crucial en la fiscalización del uso de recursos públicos y privados con impacto fiscal. En este contexto, los Fondos de Disponibilidad representan un punto crítico para el control fiscal cuando las entidades públicas o mixtas adoptan este esquema para gestionar compensaciones extrasalariales. La Contraloría, como ente encargado de velar por la eficiencia y transparencia en el uso de recursos, puede tomar estas decisiones jurisprudenciales como referencia para sus auditorías. - Implicaciones fiscales y control financiero
La decisión del Consejo de Estado resalta la necesidad de implementar políticas claras y manuales de procedimientos en la gestión de los Fondos de Disponibilidad. Según la sentencia, la ausencia de controles internos y registros adecuados facilita prácticas que pueden derivar en evasión fiscal o desvío de recursos. Esto se conecta directamente con el trabajo de la Contraloría General en la identificación de irregularidades administrativas y la formulación de recomendaciones para prevenir el desvío de fondos o el abuso en el uso de recursos. - Impacto en la reforma tributaria y el control fiscal
La Ley 2277 de 2022, al modificar el artículo 29-1 del Estatuto Tributario, endureció las normas sobre pagos indirectos no solo para trabajadores, sino también para socios, directivos y terceros. Este cambio fortalece el marco legal para que entidades como la Contraloría supervisen estos esquemas y eviten que se conviertan en mecanismos de evasión fiscal o enriquecimiento ilícito. - La relevancia de los controles extralegales y la acción de la Contraloría
La jurisprudencia menciona específicamente la falta de políticas claras sobre bonificaciones, uso de vehículos corporativos, y beneficios como bonos Sodexo y tarjetas de crédito corporativas. Estos elementos pueden ser objeto de revisión por parte de la Contraloría, en tanto que representan potenciales vulnerabilidades para las finanzas públicas cuando se trata de entidades estatales o empresas con vínculos al sector público. - El llamado a una gestión responsable y transparente
La Sentencia y las reformas tributarias subrayan la importancia de una administración responsable de los recursos económicos en las empresas, especialmente en aquellas que manejan fondos públicos o mixtos. La Contraloría puede adoptar un enfoque preventivo y sancionador para garantizar que estos fondos no se utilicen de manera indebida, alineándose con el objetivo de fomentar una cultura de cumplimiento fiscal y transparencia en Colombia.