Una investigación publicada por la revista Semana desató uno de los escándalos más comentados de los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro: según la publicación, Juliana Guerrero, junto con su hermana Verónica, habría operado una presunta red para gestionar contratos con entidades del Estado a cambio de dinero.
Lo que dice la investigación de Semana
De acuerdo con Semana, el reportaje se sustenta en testimonios, grabaciones de audio, conversaciones de WhatsApp y comprobantes de transferencias bancarias. Según esas pruebas, el presunto esquema funcionaba así: un millón de pesos por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones de pesos para empezar las gestiones, y una comisión del 10% sobre el valor de los contratos que supuestamente se adjudicarían a los empresarios interesados.
La investigación señala que la presunta influencia de las hermanas Guerrero se habría ejercido sobre contratos relacionados con los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con casos concentrados en Norte de Santander, Cesar y Santander.
La respuesta de Juliana Guerrero
Guerrero ha negado públicamente los señalamientos. «Jamás he recibido dinero», afirmó ante las primeras denuncias, e insiste en que no cobró comisiones ni beneficios económicos por gestiones ante entidades públicas, pese a que, según Semana, existen pruebas que la publicación considera contundentes en su contra. Se trata, hasta el momento, de señalamientos y acusaciones, no de una condena ni de hechos judicialmente probados.
Fiscalía investiga y el propio Pacto Histórico pide claridad
La Fiscalía General abrió una investigación sobre Juliana Guerrero y su hermana Verónica por la presunta red de gestión de contratos. El propio movimiento Pacto Histórico, la coalición de gobierno, se distanció del caso y pidió a la Fiscalía que investigue a fondo tras las revelaciones. El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente señalando que «si recibieron dinero deben devolverlo».
El caso se suma a otros señalamientos de contratación irregular en la recta final del Gobierno Petro, en momentos en que la Contraloría General también advirtió sobre más de 14.400 contratos y $4,55 billones firmados en el tramo final de la administración saliente.
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