El escándalo de Juliana Guerrero: señalada de cobrar hasta el 10% por contratos en el Gobierno Petro

Una investigación publicada por la revista Semana desató uno de los escándalos más comentados de los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro: según la publicación, Juliana Guerrero, junto con su hermana Verónica, habría operado una presunta red para gestionar contratos con entidades del Estado a cambio de dinero.

Lo que dice la investigación de Semana

De acuerdo con Semana, el reportaje se sustenta en testimonios, grabaciones de audio, conversaciones de WhatsApp y comprobantes de transferencias bancarias. Según esas pruebas, el presunto esquema funcionaba así: un millón de pesos por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones de pesos para empezar las gestiones, y una comisión del 10% sobre el valor de los contratos que supuestamente se adjudicarían a los empresarios interesados.

La investigación señala que la presunta influencia de las hermanas Guerrero se habría ejercido sobre contratos relacionados con los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con casos concentrados en Norte de Santander, Cesar y Santander.

La respuesta de Juliana Guerrero

Guerrero ha negado públicamente los señalamientos. «Jamás he recibido dinero», afirmó ante las primeras denuncias, e insiste en que no cobró comisiones ni beneficios económicos por gestiones ante entidades públicas, pese a que, según Semana, existen pruebas que la publicación considera contundentes en su contra. Se trata, hasta el momento, de señalamientos y acusaciones, no de una condena ni de hechos judicialmente probados.

Fiscalía investiga y el propio Pacto Histórico pide claridad

La Fiscalía General abrió una investigación sobre Juliana Guerrero y su hermana Verónica por la presunta red de gestión de contratos. El propio movimiento Pacto Histórico, la coalición de gobierno, se distanció del caso y pidió a la Fiscalía que investigue a fondo tras las revelaciones. El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente señalando que «si recibieron dinero deben devolverlo».

El caso se suma a otros señalamientos de contratación irregular en la recta final del Gobierno Petro, en momentos en que la Contraloría General también advirtió sobre más de 14.400 contratos y $4,55 billones firmados en el tramo final de la administración saliente.

Lo que se sabe y lo que no está probado

Lo descrito son denuncias periodísticas de la revista Semana, no hechos probados judicialmente. Juliana y Verónica Guerrero gozan de presunción de inocencia. Según Kienyke (27 de julio de 2026), la Fiscalía abrió una investigación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y la Policía Judicial empezó a recopilar testimonios, conversaciones, audios, documentos y movimientos bancarios. La FM, citando el reportaje de Semana, sitúa los presuntos pagos entre 2024 y 2026 y los cifra en casi 600 millones de pesos; es una cifra atribuida a Semana, que esta página no ha podido contrastar.

Las respuestas

  • Según La FM, Juliana Guerrero niega las acusaciones y afirma que nunca se ha reunido con contratistas para gestionar contratos o influir en decisiones administrativas.
  • Según Kienyke, el presidente Gustavo Petro negó que exista corrupción en su Gobierno y sostuvo que los empresarios habrían pagado por gestiones que no se concretaron.
  • Según La FM, el Pacto Histórico pidió a la Fiscalía que investigue.

Un proceso distinto

Aparte, Kienyke y La FM informan de que Guerrero fue imputada por fraude procesal por un título universitario presentado para aspirar al Viceministerio de Juventudes. El País publicó hacia el 13 de septiembre de 2026 que un juez avaló un preacuerdo con la Fiscalía en ese caso. Es un proceso independiente de las denuncias sobre contratos.

Fuentes consultadas: Kienyke (27/07/2026); La FM (julio de 2026); El País Cali (septiembre de 2026).

Lecturas relacionadas

Imagen: Casa-narino-1-fachada, de Juanjo70000, bajo licencia CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

Certificado de antecedentes fiscales