La Contraloría General de la República activó su función de advertencia tras identificar presiones de caja y riesgos fiscales en la contratación estatal suscrita entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, periodo inmediatamente posterior al levantamiento de la Ley de Garantías tras la segunda vuelta presidencial. El informe fue presentado el 27 de julio de 2026.
Las cifras
En ese lapso se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, de los cuales más de 11.000 correspondieron a contratación directa. La cifra representa un incremento del 22,5% frente al mismo periodo de hace cuatro años. Según la Contraloría, «el informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios».
Factores de riesgo identificados
El organismo de control señaló siete factores de riesgo, entre ellos una planeación financiera insuficiente y el crecimiento acelerado de la contratación directa —que por su naturaleza tiene menos competencia y controles previos que la licitación pública—, con riesgos específicos señalados en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior. Casos como el señalamiento reciente contra la asesora presidencial Juliana Guerrero por presuntos cobros de hasta el 10% en la gestión de contratos estatales ilustran el tipo de riesgos que esta función de advertencia busca anticipar.
Qué es una función de advertencia
La función de advertencia es uno de los mecanismos con los que cuenta la Contraloría para alertar de manera preventiva sobre riesgos en el manejo de recursos públicos, antes de que se consume un eventual detrimento patrimonial —a diferencia del control fiscal posterior, que actúa una vez ya ocurrieron los hechos.
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Fuente original: Noticias RCN