La Contraloría General de la República determinó el 5 de agosto de 2026 un hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el marco de una auditoría al Contrato de Concesión 4G Chirajara-Fundadores, en la vía Bogotá-Villavicencio.
Un viaducto terminado que sigue sin recibirse
El hallazgo se centra en un tramo de 6,5 kilómetros del corredor cuya construcción quedó físicamente terminada el 4 de febrero de 2024. Pese a ello, a la fecha de la auditoría seguía sin recibo formal por parte de la ANI y sin entrar en operación. La Contraloría fue explícita al respecto: «Pese a que el Viaducto Chirajara está terminado desde el 4 de febrero de 2024, a la fecha continúa sin recibo formal por parte de la ANI, sin entrar en operación».
El origen del retraso se remonta al colapso del Puente 1 (Quebrada Seca), ocurrido el 15 de junio de 2019, y a daños en el Túnel 13 que, según la auditoría, no fueron reparados a tiempo. Las entregas de los distintos tramos del corredor se extendieron entre junio de 2015 y febrero de 2024, casi una década de ejecución para una obra que aún no presta servicio.
Qué implica un hallazgo fiscal
Un hallazgo fiscal de la Contraloría General de la República no es una simple observación administrativa: abre un proceso de responsabilidad fiscal que puede derivar en que los funcionarios o contratistas involucrados deban resarcir al Estado por el detrimento patrimonial causado. En este caso, el monto equivale a lo que los colombianos han dejado de recibir en beneficios de una vía que ya debería estar en servicio.
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Fuente original: El Heraldo
El laudo que sitúa el problema en la ANI
Según El Tiempo y El Espectador (5 de agosto de 2026), el origen jurídico del hallazgo es un laudo arbitral del 10 de noviembre de 2023. Ese laudo determinó que la ANI asumió el riesgo de inestabilidad de la ladera en el kilómetro 58 y la obligó a ejecutar las intervenciones necesarias para reparar el Túnel 13 y el puente de Quebrada Seca. La Contraloría sostiene que el laudo tiene más de 32 meses y que el viaducto lleva terminado más de 29 meses sin entrar en operación.
El Espectador recuerda que la ANI presentó un recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado, que lo admitió en marzo de 2024 y lo rechazó en junio de 2024.
Cuánto costaría repararlo y qué dice la ANI
Según El Espectador, Alberto Mariño, presidente de Proindesa, la holding de infraestructura de Corficolombiana, afirmó que el concesionario Coviandes entregó a la ANI una estimación de 250.000 millones de pesos, mientras que la agencia calculó en 315.676 millones el coste total de atender el Túnel 13, el Puente 1 y la ladera. Fuentes consultadas por ese diario estiman unos dos años de obras. A comienzos de 2026, la ANI respondió a El Espectador que la apertura depende de la disponibilidad presupuestal y de definir la alternativa técnica. Portafolio informó el 5 de agosto de 2026 que la ANI le confirmó que solicitó recursos al Ministerio de Hacienda, sin precisar montos ni plazos.
No es el puente que se cayó en 2018
El Espectador cuenta que el 15 de enero de 2018 colapsó la torre B del puente original y murieron nueve trabajadores; la estructura fue demolida en julio de 2018 y el nuevo viaducto se terminó el 4 de febrero de 2024. Según Semana, la firma Modjeski and Masters, contratada por Coviandes, atribuyó la caída a un error de diseño; según Valora Analitik, un estudio del centro Cimne encargado por la Fiscalía halló errores de diseño y también deficiencias constructivas.
Qué sigue
Portafolio indica que la Contraloría continuará el trámite para establecer responsabilidades. Ninguna de las fuentes consultadas informa de una fecha de inicio de las obras ni de una decisión sobre la solución técnica.
Fuentes consultadas: El Tiempo, 5 de agosto de 2026; El Espectador, 5 de agosto de 2026; Portafolio, 5 de agosto de 2026; Semana (informe sobre las causas del colapso de 2018); Valora Analitik (informe de la Fiscalía sobre Chirajara).
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