Contraloría detecta $14.511 millones en hallazgos fiscales en electrificadoras de Huila, Meta y Nariño

El origen de la sanción más grande: ElectroHuila y la libre competencia

La multa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que sustenta la mayor parte del hallazgo en Huila fue anunciada en mayo de 2025. Según Portafolio (1 de mayo de 2025), la SIC impuso 7.000 millones de pesos a ElectroHuila por dos condiciones restrictivas en sus invitaciones públicas: cobrar un derecho a participar equivalente al 0,1 % del presupuesto oficial y prohibir las ofertas de consorcios y uniones temporales. Blu Radio (2 de mayo de 2025) cuenta que afectó al menos 55 procesos de contratación. Según la SIC, la empresa corrigió las conductas durante la investigación y obtuvo una reducción sustancial de la sanción; las notas no precisan el monto final. La Contraloría, por su parte, cifra la multa en 6.089 millones, según La República (24 de julio de 2026).

Detalles por empresa que aclara la Contraloría

La República (24 de julio de 2026) añade que la SIC sancionó a ElectroHuila mediante la Resolución 75276 de 2025, y que la empresa dijo haber pagado para evitar intereses moratorios y cobros coactivos. La sanción de 1.160 millones de la Superintendencia de Servicios Públicos corresponde a fallas de calidad en 2020 y 2021, calificadas de graves y reiteradas. En la Electrificadora del Meta, la multa de 2.562 millones de Superservicios se atribuye a deficiencias en el seguimiento del cumplimiento normativo y a retrasos en el pago de obligaciones, y 2.926 millones a problemas en proyectos de infraestructura en Santa Helena y Catama. En Centrales Eléctricas de Nariño, la sanción de Superservicios fue de 746 millones, de los cuales se pagaron 566 millones en 2025, y 350 millones corresponden a un pago a POWERGEN INOVATIONS S.A.S. por un sistema de perfilamiento de consumo que no se recibió.

Por qué lo considera gasto improductivo y qué sigue

Según La República, la Contraloría considera improductivo el pago de multas e intereses porque desvía recursos que podrían mejorar el servicio, y atribuye las fallas a debilidades de planeación financiera, control y supervisión. Recordó que la Constitución y la Ley 489 de 1998 exigen actuar con economía y eficiencia. Los hallazgos deberán seguir ahora un proceso de responsabilidad fiscal para establecer responsables y el resarcimiento de los recursos. Las auditorías se hicieron en el primer semestre de 2026 sobre recursos ejecutados en 2025. Ninguna de las notas consultadas recoge respuestas de las tres empresas a los hallazgos.

Fuentes consultadas: La República (24 de julio de 2026); Portafolio (1 de mayo de 2025); Blu Radio (2 de mayo de 2025).