La Contraloría General de la República identificó 344 hallazgos con posible detrimento patrimonial por $1,16 billones en una auditoría a los recursos destinados a la paz en Colombia entre 2022 y 2026, que incluye tanto proyectos derivados del Acuerdo de Paz de 2016 como la política de «Paz Total» del gobierno saliente.
Una ejecución muy por debajo de lo presupuestado
El informe, conocido el 9 de agosto de 2026, revela una brecha amplia entre lo asignado y lo efectivamente ejecutado. Del presupuesto total de $64 billones destinado a la paz, la partida de funcionamiento de Paz Total ascendía a $668.454 millones, de los cuales solo $443.325 millones tenían una ruta de ejecución definida — una discrepancia de $368.000 millones.
El dato más llamativo corresponde a la vigencia 2026: de los $306.000 millones asignados, apenas $46.000 millones llegaron a la fase de obligación presupuestal. En la práctica, de cada 100 pesos presupuestados para Paz Total en 2026, solo 15 se comprometieron efectivamente.
Caminos comunitarios, el programa peor librado
La auditoría fue especialmente crítica con el programa de caminos comunitarios en las zonas focalizadas por la política de paz: según la Contraloría, «ni siquiera un kilómetro de vía había sido intervenido con éxito por cada 100 kilómetros previstos para reparación».